FRAUDES Y EXTORSIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA - AGENCIA MEXICANA DE PRENSA

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domingo, 23 de julio de 2023

FRAUDES Y EXTORSIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Denuncia por extorsión en contra del hijo del alcalde Toluqueño.


Ray Martínez Zendejas presidente del DIF Toluca, ordena y avala extorsión en ferias de delegaciones.


Andrés González Nieto y Fernando Lagunas, directivos en la Dirección General de Gobierno Toluca, avalaron el cobro de piso a ferieros, comerciantes y diversos negocios para la feria de Santa Ana y algunas otras ferias patronales.


En tanto, el hijo del presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, utiliza su posición al frente del DIF Toluca, para autorizar a delegados y autoridades auxiliares, el cobro a cada comerciante, juegos mecánicos y negocios locales, quienes previamente habían pagado al municipio sus derechos para participar en las ferias.


Los delegados cobraron entre 15 y hasta 30 mil pesos a empresarios y comerciantes, utilizando a las autoridades centrales para avalar dichos cobros producto de la extorsión.


Fernando Lagunas, Director de Desarrollo Económico, señaló que por instrucciones del Director General de Gobierno y del presidente del DIF, Raymundo Martínez Zendejas, los delegados podrían extorsionar a empresarios, disfrazado de un cobro extra, con total impunidad.


Lo anterior deriva en al menos 3 denuncias presentadas ante la Fiscalía estatal por el delito de extorsión y lesiones en contra de los delegados de Santiago Tlajomulco, Santa Ana Tlapaltitlán y Tlachaloya así como el contra de diversos funcionarios del área de gobierno municipal y en contra del hijo del alcalde, quien a decir del propio González Nieto, es quien instrumentó y respaldó el cobro disfrazando las extorsiones.


Según el nuevo código penal en la entidad, en su artículo 262 Capítulo III Bis - Extorsión. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa. Dicha pena se agravará, si son servidores públicos.




De lo anterior y según los denunciantes, existen grabaciones, videos y fotografías, las cuales serán vertidas en el proceso a seguir.